Hace unos años las disputas legales de multinacionales contra países en desarrollo solían girar en torno a la confiscación de sus inversiones.
Pero ahora los inversores también demandan cuando los países expiden leyes que de un modo u otro afectan la rentabilidad de los negocios de las multinacionales.
Los tratados de inversión vigentes o en negociación tienen cláusulas que permiten a las empresas demandar a los gobiernos por una disminución de sus "expectativas de ganancias" provocada por cambios políticos o regulatorios.
Utilizan un instrumento legal conocido como Investor State Dispute Settlement (Resolución de Disputas de Inversionistas y Estados, o ISDS, por sus siglas en inglés), y llevan sus disputas ante tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Según Javier Echaide, vicepresidente de la Comisión de Auditoría integral de Tratados de Inversión y Sistema de Arbitraje (CAITISA) del Ecuador, con esto se pone el derecho de las empresas y sus accionistas por sobre el de gobiernos elegidos democráticamente.
"Es garantizar una inversión más allá de lo que hagan las empresas o lo que suceda en el país", señaló a BBC Mundo.
Las multinacionales y muchos gobiernos desarrollados defienden estos mecanismos como vitales para la seguridad que requieren los empresarios para invertir en otro país.
BBC Mundo analiza cuatro casos específicos de las decenas que se inician anualmente:
1 – Phillip Morris versus Uruguay
En 2010 Uruguay aumentó el tamaño de la fotografía sobre el efecto nocivo del alto consumo de tabaco en los paquetes de cigarrillos y restringió a las tabacaleras a la venta de un solo producto por marca.
A pesar de que la medida implementaba el Acuerdo Anti-Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, la transnacional suiza Philip Morris argumentó que significaba una "expropiación indirecta" de sus "expectativas de ganancias" y utilizó el Tratado Bilateral de Suiza-Uruguay para iniciar una demanda ante el CIADI.
Según la compañía, que lleva adelante acciones similares contra Australia y Noruega, es "injustificado" el cambio de política.
"Lleva mucho tiempo e inversión crear el prestigio de una marca que Uruguay y Australia han dañado con su política", alegó Philip Morris.
2 – Vattenfal versus Alemania
En 2011 poco después del accidente nuclear de Fukushima en Japón y una ola de manifestaciones contra la política nuclear germana, el parlamento alemán enmendó la ley de energía atómica a fin de cerrar todas las plantas nucleares para 2022.
La enmienda contemplaba el cierre permanente de las plantas más antiguas – teóricamente las menos seguras.
En esta clasificación se encontraban dos plantas de la estatal sueca Vattenffal.
En octubre del año pasado Vattenfal inició una demanda contra el gobierno alemán en la CIADI por el cierre de estas plantas.
Según la compañía solo en 2011 la medida significó una "pérdida de ganancias esperadas" de US$1,5 mil millones.
3 – Lone Pine contra Canadá por moratoria del fracturamiento hidráulico
Canadá está siendo demandada por una compañía de su propio país, Lone Pine, que cambió su sede central a Estados Unidos para invocar el capítulo 11 del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés) de "protección a los derechos de los inversores".
Este capítulo estipula que las compañías internacionales tienen derecho a demandar a los gobierno por leyes y políticas que dañen las ganancias de las corporaciones.
Según Lone Pine, la decisión del estado de Quebec de decretar una moratoria para la Fractura Hidráulica de gas natural, es "arbitraria, caprichosa, ilegal e inconsulta" y constituye una expropiación de su "derecho a la minería" de petróleo y gas que no tiene "un propósito público válido".
La demanda es por US$250 millones más el pago de costos legales.
4 – Suez contra Argentina
En 2001-2002 Argentina sufrió la peor crisis económico-social de los últimos 100 años que llevó a un default de su deuda y un desempleo del 24%.
Argentina recurrió a mecanismos de emergencia como la devaluación y el congelamiento de tarifas de servicios públicos para evitar una implosión económico-social.
Hoy, Argentina, que bajo el gobierno de Carlos Menem en los años 90 fue el país que firmó más acuerdos bilaterales de protección de la inversión en América Latina (53), es el que más demandas tiene en el CIADI.
En abril el CIADI se pronunció sobre la demanda de las firmas europeas Suez, Aguas de Barcelona, Vivendi Universal y AWG por disputas relacionadas con los contratos de suministro de agua potable y alcantarillado de Buenos Aires y Santa Fe.
El tribunal condenó a Argentina a pagar US$ 405 millones entendiendo que se había violado el trato justo y equitativo al negar el reajuste de tarifas tras la devaluación.
Los casos abundan: esta es una selección.
El futuro
Australia, China, India, Indonesia, Sudáfrica, Ecuador, Bolivia y Venezuela se encuentran entre los países que han decidido no continuar con el actual sistema de protección de inversiones.
En las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para la formación de un superbloque comercial, Alemania se opone firmemente a la inclusión del ISDS que busca Estados Unidos.
El tema está siendo debatido en el seno mismo de las Naciones Unidas en el marco de la UNCTAD.
La jefa de la Sección de Acuerdos Internacionales de Inversión de la UNCTAD, Elizabeth Tuerk, señaló a BBC Mundo que es urgente llegar a una solución al respecto.
"Es urgente reformar el actual sistema. Necesitamos reafirmar el derecho de regular en el interés público para que no haya una indebida limitación de la política gubernamental. Y es necesario reformar el sistema actual de arbitraje para lidiar con la crisis de legitimidad que sufre el sistema", indicó.
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150626_economia_demandas_multinacionales_mj?SThisFB&fb_ref=Default#share-tools
Es el primer motivo en la lista de obstáculos que impidieron que más del 75% de los ciudadanos en el exterior no pudieran votar en las pasadas elecciones. El cierre del censo para conseguir el voto rogado está fijado el próximo viernes 31 de julio. Según la Marea Granate, que defiende los intereses de emigrantes del Estado español, denuncia que “la falta de información, la inaccesibilidad de Consulados y los plazos impuestos por el voto rogado” son las causas de la “paupérrima participación electoral de los emigrantes”.
